NAFARROA BAI presenta una nueva ley del Euskera
(15/Diciembre/2010)
   
 

Las representantes de Nafarroa Bai en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra, María Luisa Mangado, Paula Kasares y Nekane Pérez han presentado en rueda de prensa una proposición de ley que reconoce la oficialidad del euskera en todo el territorio de la Comunidad Foral para intentar responder a las necesidades de toda la sociedad.


Hoy se cumplen 24 años de la aprobación de la Ley Foral del vascuence. En estos años la situación social de la lengua vasca en Navarra ha cambiado de forma evidente: las navarras/os euskaldunes somos muchos más, sobre todo entre las nuevas generaciones; estamos formados en euskara y queremos vivir y trabajar en esta lengua con toda normalidad. No vivimos sólo en la Montaña, los euskaldunes estamos en la Comarca de Pamplona, en Tierra Estella, en la zona de Sangüesa, en la de Tudela… estamos por toda Navarra.


Hoy esta Ley que cumple 24 años merece una reflexión: ¿cómo es posible que habiendo cambiado tanto la situación social de la lengua se quiera mantener una Ley que no responde a la situación y necesidades de la sociedad navarra?


La sociedad navarra ha hecho una apuesta constante a favor del euskara creando ikastolas en localidades donde la enseñanza pública no oferta a las familias una educación en euskara para sus hijos, poniendo en marcha medios de comunicación locales (radios, revistas, televisiones..) e implantando repetidores para poder captar ETB, abriendo euskaltegis en los pueblos… La sociedad navarra, con sus propias iniciativas, ha conseguido para los euskaldunes muchas opciones y servicios que la ley no ha dado, ni ha previsto o, en nombre de la ley, se han negado. La sociedad navarra necesita otra ley si es que la Ley de Euskara ha de cumplir el objetivo que todas las leyes persiguen: responder a las necesidades de la sociedad que las crea.


Nafarroa Bai quiere hoy promover una reflexión y recordar lo que a nuestro entender son las bases de la ley del Euskara que Navarra necesita:


Igualdad para las dos comunidades lingüísticas de Navarra. Las dos lenguas de Navarra han de tener el mismo estatus legal. Dar al euskera el mismo estatus que tiene el castellano, es decir, reconocerlo como lengua oficial en toda Navarra es el primer requisito para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos. La política lingüística corregirá toda discriminación contra los vascohablantes que la actual legislación contiene, comenzando por el 9º artículo de la LORAFNA.


Voluntariedad para los ciudadanos a la hora de elegir qué lengua de Navarra utilizan y obligatoriedad de la Administración de respetar esa voluntad como reconocido derecho de elección.


Garantía de los derechos lingüísticos de todos los navarros, vascohablantes como castellanohablantes. Lo que ha de ser tenido en cuenta por parte de todas las administraciones sitas en Navarra.


Acción positiva a favor de la lengua históricamente desfavorecida y legalmente oprimida. El euskera podrá igualarse al castellano cuando se corrijan las deficiencias generadas por años de políticas discriminatorias. La acción positiva es un instrumento de la Democracia para equiparar situaciones jurídicas.


Flexibilidad a la hora de aplicar la política lingüística a toda Navarra, posibilitando aplicaciones graduadas. Se establecerán unos mínimos para toda la Comunidad con la finalidad de respetar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y se implementará una política lingüística adaptada a cada situación sociolingüística. Las entidades locales jugarán un papel importante y tendrán su protagonismo a la hora de definir los grados e intensidades de dicha política lingüística.


Progresividad en la implementación de las medidas vinculadas a la oficialidad atendiendo a la realidad sociolingüística como fenómeno dinámico.


Europea, por atender a los valores y medidas contenidas en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y a las recomendaciones del Consejo de Europa.


Transversalidad por entender que el trato a dar a las lenguas de la Comunidad transciende un departamento administrativo y ha de ser un valor y criterio transversal que impregne toda la actividad política.