Por Asun Fernández de Garaialde, Parlamentaria de NaBai, e Isabel Aranburu Bergua, concejala de NaBai en el Ayuntamiento de Iruñea

2010-11-17 

Lleva la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Deporte, Maribel García Malo toda la legislatura, cacareando las bondades de su sistema público de Servicios Sociales. Que si la Ley Foral 15/2006 inaugura el derecho subjetivo y prima la homogeneización de prestaciones en toda la comunidad, que si la cartera de prestaciones de ámbito general garantiza la percepción de 90 prestaciones, que si tal, que si cual. Parece que Navarra no hubiera conocido en el ámbito de la acción social más que la beneficencia y la caridad de la propia ciudadanía, hasta el advenimiento de la señora consejera.

Sin embargo, la realidad es otra. Además de goteras, humedades y deterioros varios, el edificio de Bienestar Social en Navarra tiene la puerta atrancada. La puerta de acceso al sistema -comparable en cierto modo a la del sistema de salud- la constituye la red de Servicios Sociales de Atención Primaria, Servicios Sociales de Base distribuidos actualmente en 44 zonas, una de las cuales, Pamplona, incluye a su vez 11 servicios-Unidades de Barrio.

La Ley Foral 15/2006 de Servicios Sociales, que tanto alaba la consejera, estableció que habrían de regularse los 4 programas que conforman la Atención Primaria y que se enuncian como: de Acogida y Orientación Social, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, de Incorporación Social en Atención Primaria y de Atención a la Infancia y Familia. Con respecto a su financiación, dice la ley que correrá a cargo de la Administración de las entidades locales y de la Comunidad Foral y que la aportación de ésta última se establecerá en convenios plurianuales; y también que la forma de determinar el coste de los programas se establecerá reglamentariamente. Finalmente, la ley deroga el Decreto 11/1987, que regulaba hasta entonces los contenidos y la financiación de los Servicios Sociales de Base.

Dos años más tarde, se publicó la Cartera de Servicios de Ámbito General (DF 69/2008, de 17 de junio) que circunscribe a diez las prestaciones de Atención Primaria y las califica como garantizadas, pero retrasa su entrada en vigor hasta tanto no se realice el desarrollo reglamentario previsto en la ley, antes citado. Fija el 31 de diciembre de 2008 para ello, y añade que por él deberán concretarse asimismo las medidas para asegurar la prestación de los 4 programas en todo el ámbito de la Comunidad Foral. Con posterioridad otro documento, el Plan Estratégico reconoce también ese desarrollo normativo como pendiente de hacer y así, pendiente de hacer, sigue.

Es decir que, a día de hoy, y como consecuencia de lo anterior, ninguna de las prestaciones de Atención Primaria están efectivamente garantizadas y, paralelamente, no es obligatoria la implantación de los cuatro programas para ninguna entidad titular de un Servicio Social de Base, por lo que tampoco ningún ciudadano/a navarro/a podría, llegado el caso, exigir su prestación en los tribunales de justicia, a pesar de la palabrería de Maribel García Malo.

Evidentemente, lo relativo a la financiación está tratado por el Departamento de Asuntos Sociales, con el mismo rigor. En 2007 se firmaron convenios entre el departamento y los ayuntamientos y mancomunidades titulares de los Servicios Sociales de Base, con dos años de duración: 2007 y 2008. En ausencia de la reglamentación necesaria, se prorrogaron en 2009, y como hemos dicho, la reglamentación sigue sin aparecer. Tuvimos conocimiento en la primavera pasada de un borrador en el que las disposiciones adicionales y transitorias son tantas que desvirtúan completamente el cuerpo del decreto. De su análisis se puede deducir que su objetivo primordial es repartir una partida económica limitada, de tal modo que no se contraríen los planes o se tenga que rebajar la asignación que vienen percibiendo, determinadas entidades locales.

Y nos preguntamos: en 2010, ayuntamientos y mancomunidades siguen, como es lógico, manteniendo los servicios pero ¿qué se les está pagando? ¿Con qué baremo? ¿Con qué criterios? y, sobre todo, ¿con qué base legal?

Sorprende esta incapacidad del Gobierno incluso para hacer un papel aunque su destino fuera ser papel mojado, pero se comprende si tenemos en cuenta que estamos hablando de unos servicios públicos (a pesar de que el Plan Estratégico dice que su gestión será sólo "preferentemente pública y directa"). A UPN no le gusta, pero la realidad es que 25 años de historia nos han traído unos Servicios Sociales de Base públicos, si exceptuamos el SAD de Pamplona y algún otro caso no digno de mención.

Ante tanta desidia, desde Nafarroa Bai exigimos que se subsane este vacío legal en el que UPN ha sumido la Atención Primaria de Servicios Sociales. Es preciso un desarrollo normativo que permita a los Servicios Sociales de Base adecuarse a las cambiantes y crecientes necesidades sociales de Navarra. Para ello, debe garantizar realmente las prestaciones de los 4 programas básicos, contemplar en su planteamiento de manera clara la dimensión comunitaria que todos ellos deben tener, dotarlos de equipos suficientes y, asegurarles los apoyos precisos de programas especializados, sin desmantelamientos irracionales y caprichosos de los ya existentes, como está a punto de suceder en Pamplona. Y, en nuestro criterio, estas condiciones no se pueden dar, si esa normativa no les reconoce como único modo de gestión, la gestión pública directa.