Por Xabier Lasa, alcalde de Berriozar

04-01-2011

Hace ya tiempo que la mayoría de la población mundial vive en ciudades o grandes poblaciones. Navarra no es ajena a ese fenómeno y, a comienzos de 2011, el 54% de su población habita en Iruñea y su Comarca. Se trata de un dato objetivo que nos sitúa ante la nueva realidad demográfica y social que plantea el siglo XXI y que demanda un nuevo pensamiento sobre las grandes urbes. Las instituciones públicas responsables en primera instancia de hacer frente a este gran reto son los ayuntamientos. A ellos hay que exigir que desarrollen las estrategias adecuadas para que la vida social dentro de la ciudad sea armónica y agradable. No es tarea fácil, más aún cuando no se cuenta con los medios económicos suficientes para llevarla a cabo debido al pésimo sistema de financiación de los municipios en Navarra. Tampoco ayudan mucho las leyes estatales y autonómicas que delimitan las funciones y competencias de los entes locales, muy desfasadas, ni el actual mapa local, cuya reforma está siempre en continuo estudio pero sin ningún resultado práctico.

Una ciudad se construye sobre la base de la relación entre el territorio físico (el urbs) y la comunidad ciudadana que lo habita (la civitas). El equilibrio que resulte de articular esas dos dimensiones, tomando en consideración la realidad política y cultural de la comunidad para la que están hechas, dará como resultado un modelo determinado de ciudad, que puede variar mucho según se estructure. Así un modelo puramente mercantilista propone una ciudad que articula el eje urbanismo-convivencia en función del consumo: se separan las zonas residenciales de las comerciales, los espacios comunes se convierten en escaparates en torno a la compraventa, se acercan viales y aparcamientos a los grandes centros comerciales y, tanto éstos como las glamurosas oficinas de las grandes empresas se enfatizan arquitectónicamente como edificios emblemáticos y representativos de la ciudad. En este modelo las operaciones mercantiles acaparan la vida social, la seguridad (policía, videovigilancia, ordenanzas coercitivas...) constituyen una de las prioridades en la acción municipal y otros valores como la participación ciudadana se tratan de inhibir en la medida de lo posible.

Frente a este modelo existen otros que, en lucha constante contra la adversidad que supone un sistema económico-legal creado para sostener el modelo neoliberal, tratan de plantear una alternativa más armónica de equilibrio urbano. Pueblos que sitúan los espacios y edificios públicos junto a las viviendas, para que la convivencia sea pública, que intentan fórmulas para supeditar el coche y el aparcamiento al peatón (y no al revés), en los que el medioambiente no se conforma con ser un ornamento más sino una opción real con partida presupuestaria acorde, y en los que la solidaridad con los más necesitados se valora como importante. En un modelo así se incentiva la participación ciudadana, se escucha y se hace participar a los movimientos sociales y se facilita la implicación del vecindario en la configuración urbanística de la ciudad.

Aunque nada es totalmente blanco ni negro, resulta meridianamente claro que en Navarra hay ejemplos de política municipal bien diferenciada. Hay quienes al margen de cualquier propuesta diferente se limitan a administrar lo que les viene dado -modelo alcalde gestor- pero también están los que han empezado un proceso de reflexión encaminado a que la urbe sea menos monstruo y más espacio de convivencia ciudadana.

Sería demasiado extenso desarrollar todo lo que esto significa con un mínimo de detalle, simplemente quiero hacer hincapié en que si no empezamos a pergeñar una política municipal nueva y con cambios profundos nos arrastrará la corriente. Podemos decir que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de Navarra se acercan a una difícil encrucijada ya que no son económicamente viables a medio plazo. Si las cosas siguen como están, nuestros municipios irán progresivamente perdiendo autonomía y se verán sometidos a la centralización que trata de imponer el Gobierno de Navarra de forma cada vez más evidente. Detrás del ahogamiento consciente de las arcas y las competencias municipales hay un claro objetivo de controlar los ayuntamientos desde los centros de decisión autonómicos, un control que traerá como consecuencia inmediata la pérdida progresiva de la autonomía municipal y el alejamiento del ciudadano del centro de toma decisiones y convertirá a los alcaldes y concejales en meros administradores de políticas decididas previamente en instancias superiores.

Para la próxima legislatura hay muchas tareas pendientes en esta materia: se anuncia para marzo una nueva ley estatal de gobierno local, que habrá que estudiar para ver qué aporta, pero que en todo caso exigirá una remodelación de la legislación autonómica en la materia (en Navarra la Ley de la Administración Local va a cumplir 21 años y urge su cambio); por otra parte, está sin concluir la esperada reforma del mapa local (atascada en el Parlamento) que, mucho nos tememos, no pasará de decisiones políticamente correctas y dejará los problemas donde estaban; y, sobre todo, hay que replantear con un mínimo de seriedad la financiación de los municipios bajo el principio de que los ayuntamientos puedan financiar con dignidad todos los servicios que ofrecen a la ciudadanía, aumentando el porcentaje que les corresponde de la recaudación del IRPF.

Este año hay elecciones municipales y forales; en ellas nos jugamos, entre otras cosas, el futuro de nuestros ayuntamientos y la dignidad de la Administración local, que afecta a algo tan básico como el principio de autonomía municipal. Algunos han demostrado hasta dónde llega su capacidad de aportar soluciones, otros llevamos una legislatura haciendo ver que las cosas se pueden plantear de otra manera. En las elecciones de 2011 decidiremos qué modelo de ciudad queremos.