Por Aritz Romeo, concejal de Nafarroa Bai en el Ayuntamiento de Iruñea

2011-01-19

¿Quién tiene el dinero? ¿Quién?

¿Quién tiene el poder?

¿Quién tiene el futuro? ¿Quién?

¿Quién lleva la ley?

Eskorbuto

EN fechas recientes se produjo la toma de posesión de los últimos agentes de la Policía Municipal de Pamplona. Con estas nuevas incorporaciones, la ciudad cuenta con un total de 454 policías que trabajan desarrollando el servicio público de seguridad ciudadana. Aplicada la cifra a los datos de población del último año, nos da como resultado que Pamplona tiene un ratio aproximado de 2,3 policías municipales por cada mil habitantes.

Si comparamos el dato con el de otras ciudades de características similares a la nuestra, por población, ámbito geográfico y que ostenten la condición de capital, nos encontramos con que Gasteiz, con una población de 238.247 habitantes aproximadamente, tiene un total de 296 efectivos en la Guardia Municipal, es decir, una ratio de 1,24 agentes por cada mil gasteiztarras. Por su parte, Donostia cuenta con unos 345 agentes en su Guardia Urbana, lo que, aplicado a una población de 185.506 habitantes nos da un ratio de 1,86 policías cada mil habitantes. Burgos, con 238 policías locales, según dice la memoria de ese cuerpo del año 2009, y 178.574 habitantes, tiene un ratio de 1,33 agentes por cada mil habitantes. Por su parte Santander, con una población de 181.589 habitantes, emplea a un total de 283 policías municipales, por lo que su ratio es de 1,97 policías locales por cada mil santanderinos.

Como puede comprobarse, Pamplona cuenta con un número de efectivos en la Policía Municipal muy superior al de ciudades de nuestro entorno geográfico de similares características a la nuestra. Es decir que, de darse una adecuada optimización de los recursos, la cantidad de policías municipales empleados en nuestra ciudad debería ser más que suficiente para poder desarrollar de manera efectiva las funciones del servicio de policía local que le competen.

Sin embargo, en el último debate plenario del pasado año, al discutirse sobre la Plantilla Orgánica para el año 2011, los representantes tanto de UPN como de PSN en el Consistorio dejaron sentada su pactada intención de sacar a Oferta Pública de Empleo 15 nuevas plazas de policías municipales, con lo que nos situaríamos en un total de 469 agentes. Existe además en la plantilla consignación presupuestaria para la contratación de 25 auxiliares de policía que, de contratarse, haría elevar esa cifra a cerca de 500 policías.

Desde Nafarroa Bai propusimos que, dado el elevado número de policías municipales de Iruñea en relación con las ciudades de nuestro entorno, esos recursos debían destinarse a reforzar los recursos humanos de un área cada vez más esencial en esta situación, como es el área de Bienestar Social.

Y es que, en la situación en la que nos encontramos, no podemos hacer oídos sordos ante esa verdad escondida que se da también, por desgracia, en la vieja Iruñea. Según datos recientes del Ministerio de Trabajo, 43.011 personas se encuentran en situación de desempleo en Navarra. Por otro lado, la ONG Unicef denunció en fechas recientes que cerca de 18.000 niñas y niños (el 17%) se encuentran en riesgo de pobreza en nuestra comunidad. Además, Cáritas, en su último informe, dio a conocer unos datos estremecedores sobre pobreza y exclusión social: a lo largo de 2010 atendieron a 10.357 personas. En el servicio de acogida prestaron atención a 8.519 personas. En comparación con el año 2008 la cantidad que Cáritas ha tenido que adelantar por retrasos en la gestión y pago de la Renta Básica se ha incrementado en un 418%. Los datos son, simplemente, terribles, y se hacen aún más desalentadores cuando entidades como la propia Cáritas han denunciado la falta de personal en los servicios de Bienestar Social tanto del Gobierno de Navarra como del Ayuntamiento de Pamplona.

En ese contexto, Nafarroa Bai propuso eliminar plazas vacantes de policías municipales y de auxiliares de policía para destinar esos recursos a reforzar el área de Bienestar Social. En particular para fortalecer los programas que prestan una atención directa e imprescindible a esos vecinos como el Programa de Acogida, procurar la reducción de las listas de espera en las unidades de barrio, mantener el Programa de Incorporación Social y el Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia, reforzar el Servicio de Comedor Municipal, reforzar el Servicio de Atención a la Mujer y crear de una vez el aprobado Observatorio de Servicios Sociales. Es decir, NaBai propuso no hacer nuevas contrataciones de policías y destinar esos recursos a contratar trabajadoras sociales, auxiliares administrativos, psicólogos y letrados que entren a reforzar los servicios sociales municipales como respuesta inmediata de apoyo y atención a aquellas personas que más crudamente están padeciendo las consecuencias de la crisis.

Sin embargo, UPN y PSN unieron sus votos para impedir que la propuesta de Nafarroa Bai saliera adelante. UPN y PSN unieron fuerzas para engordar un servicio que cuenta con personal más que suficiente, negándose a hacer posible que los Servicios Sociales de Pamplona tengan el refuerzo en personal necesario para responder ante situaciones de urgencia y necesidad. Todo ello justificado con el falso argumento de la responsabilidad. ¿Y cuál es el sentido de la responsabilidad de UPN y PSN con más de 40.000 parados, con 18.000 niñas y niños rozando el umbral de la pobreza, cuando los datos de exclusión social se disparan, cuando la lacra de la violencia de género está en unos parámetros más altos que nunca? ¿Es una acción responsable dejar en segundo plano la necesaria atención a quienes sufren la exclusión social, a quienes viven bajo el umbral de la pobreza, a la infancia y a la adolescencia, a los mayores, a las mujeres que sufren violencia de género?

Pamplona cuenta ya con 454 policías municipales, y tendrá 15 más al finalizar el año. Sin embargo, el personal destinado al Bienestar Social no va a incrementarse pese a que las graves situaciones personales provocadas por la crisis, ésas sí aumentarán.

La política, y más en tiempos de crisis, consiste en decidir sobre dar el destino más adecuado a unos recursos públicos que cada vez son más limitados. Que los recursos públicos del bolsillo de todos los pamploneses tengan como destino contribuir a la justicia social y dar a la crisis una respuesta desde la izquierda, aplicando la receta de blindar los derechos sociales para combatir los efectos negativos de la crisis es una necesidad que urge en Pamplona y que deja en evidencia que un cambio político en profundidad es fundamental para nuestra ciudad. Y ese cambio sólo puede ser liderado por Nafarroa Bai. Los hechos lo demuestran.